Por: Ernesto Cortés (Costa Rica)
Hola a todes, buenos días, tardes o noches, donde estén en el mundo. Mi nombre es Ernesto Cortés, soy miembro de LANPUD de Costa Rica en Centroamérica.
LANPUD
se fundó en 2009 y su primera Asamblea se celebró en 2012 en Salvador de Bahía,
Brasil, en la que se presentó el Manifiesto de Salvador. Nuestra segunda
Asamblea fue en 2015 en Santa Marta, Colombia, que produjo la Carta de Taganga,
mirando hacia la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea de las Naciones
Unidas (UNGASS) en 2016.
En
LANPUD basamos nuestro trabajo en los principios de autodeterminación, equidad
y justicia social. Nuestro objetivo es ser un referente y apoyo a nivel
regional para influir, promover y cambiar las políticas de drogas y los
paradigmas culturales que eliminen el estigma, discriminación y criminalización
hacia las personas que usan sustancias psicoactivas. También impulsamos su
participación activa y significativa en el diseño, implementación y evaluación
de políticas públicas nacionales, regionales y globales. Para que las personas
que usan drogas en América Latina y el Caribe disfruten de los mismos derechos
y oportunidades como cualquier otro ser humano.
LANPUD
es una organización dirigida por pares, por lo que promovemos valores y
principios como unidad, igualdad, inclusión, amistad, colaboración, comprensión
y respeto mutuo, compartiendo información y teniendo la voluntad de cambiar la
situación actual que enfrentan las personas que usan drogas en América Latina y
el Caribe. En este momento, tenemos representantes en 17 países de la región, y
estamos trabajando junto a otras nueve redes regionales de personas que viven
con el VIH y poblaciones clave, en una nueva e innovadora subvención del Fondo
Mundial llamada Alianza Liderazgo en Positivo (ALEP)
A
pesar de que LANPUD ha estado trabajando durante más de 10 años, las personas
que usamos drogas no hemos tenido mucha participación en la respuesta nacional
y regional al VIH. De hecho, solo hay unas pocas organizaciones locales de personas
usuarias de drogas en la región, y solo un par de países han recibido fondos
para intervenciones de reducción de daños. Hay varias razones para explicar
este contexto.
En
primer lugar, debemos reconocer que América Latina y el Caribe es una de las
regiones más desiguales y violentas del mundo, pero también con una historia
antigua de tradiciones de consumo de drogas. Así como un territorio que en las
últimas décadas se produce y distribuye casi todas las sustancias llamadas
“ilícitas”. También es uno de los lugares más afectados por la guerra contra
las drogas, la cual ha alimentado esta violencia y desigualdad. Es por esto que
en muchos países se penaliza el uso de drogas o la posesión de drogas y el
tráfico de drogas de bajo nivel se castiga desproporcionadamente. Especialmente
si eres mujer, pobre, negro o parte de una población clave.
El
segundo problema es la forma en que la financiación para la reducción de daños
se ha centrado principalmente en las personas que se inyectan drogas, cuando la
mayoría de nuestros miembros de la red no se inyectan, además que no es una
práctica común en la región. Es por esto que los fondos para la reducción de
daños relacionados con al VIH se han centrado solo en un par de países que presentan
estas situaciones, ignorando cómo las leyes que penalizan el uso y la posesión
de drogas también son barreras estructurales para el acceso a los servicios de
salud y medicamentos antirretrovirales.
Este
contexto ha limitado la participación de las personas que usamos drogas en la
construcción e implementación de las respuestas al VIH, pero también se
invisibiliza cómo nuestra comunidad también se cruza con otras poblaciones
clave. De hecho, la prevalencia del consumo de drogas suele ser mucho mayor
entre las mujeres trans, trabajadoras sexuales y HSH que en la población
general. Y a muchas de estas personas se les niega su tratamiento o medicación
si no dejan de consumir drogas.
Por
eso, la reducción de daños en América Latina mantiene el enfoque en las
personas, no solo en la sustancia, por lo que la atención va más allá del
consumo de drogas, reconociendo la vulnerabilidad, la diversidad y la
ciudadanía. Es una postura política más que una intervención sanitaria o
social.
Esta
pandemia ha hecho más visible la estigmatización y criminalización de nuestra
comunidad, y cómo la guerra contra las drogas está incrustada en nuestros
gobiernos y nuestra cultura. Pero estamos en un momento clave, gracias a la
subvención del Fondo Mundial – ALEP, las personas que usan drogas finalmente
han sido reconocidas como una población clave en la región, y también nos han
ayudado a poner sobre la mesa la necesidad de tener un frente unido para
reformar las políticas de drogas, que garanticen y protejan los derechos
humanos de las personas que usan drogas.
Por
eso, nuestra palabra para este taller son: USUARIOS, PARTICIPACIÓN y PAZ
