Por: Ernesto Cortés (Costa Rica)
LANPUD se fundó en 2009 y su primera Asamblea se celebró en 2012 en Salvador de Bahía, Brasil, en la que se presentó el Manifiesto de Salvador. Nuestra segunda Asamblea fue en 2015 en Santa Marta, Colombia, que produjo la Carta de Taganga, mirando hacia la Sesión Especial sobre Drogas de la Asamblea de las Naciones Unidas (UNGASS) en 2016.
En LANPUD basamos nuestro trabajo en los principios de autodeterminación, equidad y justicia social. Nuestro objetivo es ser un referente y apoyo a nivel regional para influir, promover y cambiar las políticas de drogas y los paradigmas culturales que eliminen el estigma, discriminación y criminalización hacia las personas que usan sustancias psicoactivas. También impulsamos su participación activa y significativa en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas nacionales, regionales y globales. Para que las personas que usan drogas en América Latina y el Caribe disfruten de los mismos derechos y oportunidades como cualquier otro ser humano.
LANPUD es una organización dirigida por pares, por lo que promovemos valores y principios como unidad, igualdad, inclusión, amistad, colaboración, comprensión y respeto mutuo, compartiendo información y teniendo la voluntad de cambiar la situación actual que enfrentan las personas que usan drogas en América Latina y el Caribe. En este momento, tenemos representantes en 17 países de la región, y estamos trabajando junto a otras nueve redes regionales de personas que viven con el VIH y poblaciones clave, en una nueva e innovadora subvención del Fondo Mundial llamada Alianza Liderazgo en Positivo (ALEP)
A pesar de que LANPUD ha estado trabajando durante más de 10 años, las personas que usamos drogas no hemos tenido mucha participación en la respuesta nacional y regional al VIH. De hecho, solo hay unas pocas organizaciones locales de personas usuarias de drogas en la región, y solo un par de países han recibido fondos para intervenciones de reducción de daños. Hay varias razones para explicar este contexto.
En primer lugar, debemos reconocer que América Latina y el Caribe es una de las regiones más desiguales y violentas del mundo, pero también con una historia antigua de tradiciones de consumo de drogas. Así como un territorio que en las últimas décadas se produce y distribuye casi todas las sustancias llamadas “ilícitas”. También es uno de los lugares más afectados por la guerra contra las drogas, la cual ha alimentado esta violencia y desigualdad. Es por esto que en muchos países se penaliza el uso de drogas o la posesión de drogas y el tráfico de drogas de bajo nivel se castiga desproporcionadamente. Especialmente si eres mujer, pobre, negro o parte de una población clave.
El segundo problema es la forma en que la financiación para la reducción de daños se ha centrado principalmente en las personas que se inyectan drogas, cuando la mayoría de nuestros miembros de la red no se inyectan, además que no es una práctica común en la región. Es por esto que los fondos para la reducción de daños relacionados con al VIH se han centrado solo en un par de países que presentan estas situaciones, ignorando cómo las leyes que penalizan el uso y la posesión de drogas también son barreras estructurales para el acceso a los servicios de salud y medicamentos antirretrovirales.
Este contexto ha limitado la participación de las personas que usamos drogas en la construcción e implementación de las respuestas al VIH, pero también se invisibiliza cómo nuestra comunidad también se cruza con otras poblaciones clave. De hecho, la prevalencia del consumo de drogas suele ser mucho mayor entre las mujeres trans, trabajadoras sexuales y HSH que en la población general. Y a muchas de estas personas se les niega su tratamiento o medicación si no dejan de consumir drogas.
Por eso, la reducción de daños en América Latina mantiene el enfoque en las personas, no solo en la sustancia, por lo que la atención va más allá del consumo de drogas, reconociendo la vulnerabilidad, la diversidad y la ciudadanía. Es una postura política más que una intervención sanitaria o social.
Esta pandemia ha hecho más visible la estigmatización y criminalización de nuestra comunidad, y cómo la guerra contra las drogas está incrustada en nuestros gobiernos y nuestra cultura. Pero estamos en un momento clave, gracias a la subvención del Fondo Mundial – ALEP, las personas que usan drogas finalmente han sido reconocidas como una población clave en la región, y también nos han ayudado a poner sobre la mesa la necesidad de tener un frente unido para reformar las políticas de drogas, que garanticen y protejan los derechos humanos de las personas que usan drogas.
Por eso, nuestra palabra para este taller son: USUARIOS, PARTICIPACIÓN y PAZ
Puede consultar nuestra información en nuestro sitio web www.redlanpud.net
