Manifiesto
LANPUD 2023


Manifiesto de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas, Isla Cedros, Costa Rica 2023



Manifesto de la Tercera Asamblea de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usamos Drogas [ESP]

Nosotras, personas de 16 países de América Latina y el Caribe que usamos drogas, nos reunimos en esta Tercera Asamblea General con un profundo sentido de urgencia y compromiso. En esta ocasión hemos decidido reunirnos en Centroamérica, una región que por la combinación de factores geográficos, políticos, sociorraciales y económicos sirve como un territorio para el tráfico de drogas hacia países del norte global. Es importante destacar que esta región enfrenta el avance de gobiernos dictatoriales, autoritarios y represivos, lo que constituye una señal evidente de que las dictaduras persisten y no han desaparecido. Esta realidad subraya la importancia de nuestro compromiso continuo en la lucha por la justicia y la equidad en un contexto regional que enfrenta desafíos únicos y complejos que se agravan con los recientes golpes de estados en Honduras, El Salvador y Guatemala. Nuestra presencia aquí es un testimonio de nuestra determinación para abordar estas cuestiones y luchar por un cambio significativo en la vida de todas las personas que usan drogas en Centroamérica y en todo el continente. Nuestro propósito en esta asamblea es alzar nuestras voces contra la opresión sistémica que enfrentamos en la región y en todo el mundo. En esta abordamos temas clave que nos preocupan profundamente y a los que invitamos a las redes internacionales, regionales y organizaciones locales a tomar acciones concretas para revertir estas situaciones.

1. Contexto político en América Latina y el Caribe

Reconocemos el contexto político en América Latina y el Caribe, caracterizado por una creciente polarización, desigualdad económica y sociorraciales, así como una creciente influencia de fuerzas conservadoras y de ultraderecha en muchos gobiernos de la región. Esto ha tenido un impacto directo en nuestras vidas, limitando el acceso a derechos fundamentales y servicios de reducción de riesgos y daños. Nos preocupa el avance de los gobiernos de derecha y grupos conservadores que perpetúan políticas punitivas y regresivas en relación con el uso de drogas. Estas políticas no solo perpetúan la estigmatización y la criminalización de las personas que usamos drogas, sino que también erosionan la protección de nuestros derechos humanos. Manifestamos una preocupación por el avance y expansión de gobierno autoritarios que despliegan políticas represivas como forma de ejercer el poder.

3. Aumento de la violencia generalizada

Observamos con alarma el aumento de la violencia generalizada en nuestras comunidades y la falta de respuestas adecuadas por parte de los gobiernos. La violencia se manifiesta a través de la criminalización, la represión policial, la exclusión racial, la privación de libertad compulsoria y sistemática en centros de detención, comunidades terapéuticas y centros de rehabilitación.

4. Continuidad de la guerra contra las corporalidades de las personas que usamos drogas.

Reafirmamos la necesidad de denunciar la guerra continua contra las corporalidades de las personas que usamos drogas. Esta guerra, que ha dejado efectos irreparables en nuestras familias y comunidades, no solo es ineficaz sino también contraproducente. Exigimos un enfoque de salud pública basado en evidencia científica y con enfoque de reducción de riesgos y daños, en lugar de un enfoque punitivo y patologizante. Denunciamos la persistencia de políticas arcaicas de criminalización de las personas que usan drogas en toda la región, políticas que no se han adaptado a los paradigmas de cambio necesarios. Proponemos la revisión y reforma de estas políticas obsoletas, centrándonos en un enfoque descriminalizante, despatologizante y bajo respeto a los derechos humanos. Acciones a tomar incluyen la promoción de leyes y regulaciones que despenalicen el uso de drogas, la implementación de programas de reducción de daños, y el fortalecimiento de servicios de salud y apoyo para personas que usan drogas. Para abordar este desafío, proponemos la creación de espacios de participación para el impulso de políticas antiprohibicionistas, compuesta por personas expertas comprometidas y personas usuarias de drogas, para impulsar reformas y monitorear el progreso en la región. La falta de respeto al libre desarrollo de la personalidad es un grave obstáculo para el reconocimiento y respeto de nuestras corporalidades, así como para el ejercicio pleno de nuestra autonomía. El libre desarrollo de la personalidad implica el derecho fundamental a tomar decisiones autónomas e informadas sobre nuestras vidas, incluyendo la elección de las sustancias que decidimos usar, sin temor a la discriminación o la criminalización. Es esencial que se respete y se garantice este derecho como parte integral de la dignidad y la libertad de cada persona. En nuestra lucha por la justicia y equidad defendemos firmemente el respeto a la libre determinación y el libre desarrollo de la personalidad como componentes esenciales de nuestra existencia y dignidad como persona. Además, hemos reafirmado la crucial importancia de la educación sobre el uso de drogas. Comprendemos que el conocimiento y la comprensión de la história de la criminalización de las personas que usamos drogas son esenciales para cambiar el paradigma hacia entornos más seguros y la promoción de los derechos humanos. Al estar informados acerca de los riesgos y beneficios, las personas pueden tomar decisiones más conscientes, reduciendo los daños asociados al uso de sustancias. Esto no solo garantiza la seguridad de las personas, sino que también promueve un enfoque más humanitario en lugar de uno basado en la criminalización. La educación es un componente clave para empoderar a las personas y cambiar las percepciones, los imaginarios sociales y las narrativas sobre el uso de drogas en nuestras sociedades.

5. Reconocimiento de nuestra socialización y los sistemas de opresión.

Entendemos que fuimos y somos personas socializadas dentro del patriarcado, el machismo, el racismo, el capitalismo y otros sistemas de opresión y segregación. Estos sistemas perpetúan el poder y los privilegios de un reducido grupo de personas a expensas de nuestras vidas y dignidad. Luchamos contra la discriminación y nos unimos para superar estos sistemas de opresión. Realizamos un proceso de elección de gobernanza bajo los principios democrático y bajo la premisa que necesitamos emprender un extenso y comprometido camino político para desmantelar y superar las prácticas arraigadas por los sistemas de opresión mencionados anteriormente. Esta asamblea nos ha recordado la importancia de mantenernos unidas y enfocadas en nuestra lucha, reconociendo que el cambio requerirá de un esfuerzo continuo y la colaboración de todas las personas miembras de nuestra comunidad. Juntas, continuaremos trabajando incansablemente para transformar nuestra realidad y construir un futuro más inclusivo y equitativo. Además, en esta asamblea, nos hemos unido como mujeres, disidencias, juventudes que rechazan la prohibición de sustancias como un método de control de las corporalidades, racializadas y feminizadas, incluyendo a las personas gestantes. Denunciamos la estigmatización y el abuso que a menudo enfrentamos en el contexto de la política de drogas. Proponemos acciones concretas para visibilizar y abordar estas problemáticas, incluyendo la creación de comisiones específicas para tratar las necesidades de estas comunidades. Además, abogamos por la educación y la sensibilización para eliminar la discriminación y la violencia de género relacionadas con la política de drogas. Reafirmamos nuestro compromiso con el apoyo a la Comisión de Mujeres y Disidencias a través del feminismo antiprohibicionista y antirracista. Desde nuestra última asamblea, hemos logrado importantes avances al visibilizar las complejas situaciones que enfrentan las comunidades de la zona andina, en particular, aquellas relacionadas con el cultivo y uso de la hoja de coca. Esto nos ha recordado la necesidad de centrar un foco en los procesos arraigados en los cimientos de nuestras sociedades, tales como la misoginia, el racismo, la cisheteronormatividad y, sobre todo, la falta de autonomía de nuestras corporalidades. Este manifiesto representa un firme compromiso por parte de nuestra Red para impulsar políticas que traduzcan en acciones concretas las palabras plasmadas en este documento. Trabajaremos incansablemente para transformar nuestra realidad y construir un mundo más inclusivo y equitativo para todas las personas que usamos drogas en América Latina y el Caribe. En esta Tercera Asamblea de la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usamos Drogas, reafirmamos nuestro compromiso con la justicia, la equidad y el respeto por los derechos humanos de todas las personas que usamos drogas. Exigimos a los gobiernos de la región que tomen medidas concretas para poner fin a la criminalización, la estigmatización y la violencia que enfrentamos. Nuestra lucha es por un mundo en el que podamos vivir sin miedo, con acceso a servicios de salud y apoyo, y con igualdad de derechos. Unidas, haremos que nuestras voces sean escuchadas y que el cambio sea una realidad. Esta Red se compromete con la promoción de políticas basadas en el respeto de los derechos humanos, la salud y la equidad. Reconocemos los desafíos que enfrentamos en la región y estamos decididas a trabajar juntas para lograr un cambio significativo en la política de drogas en América Latina y el Caribe. Nuestras comisiones de trabajo jugarán un papel fundamental en la implementación de nuestras propuestas y en la defensa de los derechos de las personas que usamos drogas en la región. Es crucial destacar que, a lo largo de la historia, las personas racializadas e indígenas han sufrido una exclusión sistemática y violenta, siendo despojadas de sus territorios a menudo a punta de espadas y armas, mientras sus conocimientos ancestrales han sido brutalmente diezmados. Además, la criminalización de sus prácticas y usos tradicionales de sustancias ha servido como una excusa adicional para intervenir en sus territorios y perpetuar la colonización. Esta situación nos impulsa a redoblar nuestros esfuerzos en la lucha contra la discriminación y la opresión, y a reconocer la importancia de la inclusión y el respeto de las culturas indígenas y racializadas en la construcción de un futuro más justo y equitativo. En cuanto al avance del fentanilo en la región, denunciamos la falta de información confiable y de servicios de análisis seguros que ha llevado a un creciente número de muertes por sobredosis. Proponemos acciones inmediatas de los estados para abordar esta problemática, incluyendo la promoción de servicios de análisis de sustancias y la creación de campañas de concientización sobre los riesgos asociados al fentanilo. Además, abogamos que se trabaje en conjunto con organizaciones de la sociedad civil, personas usuarias de drogas y personas expertas en salud como forma de dar respuesta a esta situación. No podemos concluir este manifiesto sin recordar y honrar a las personas que fueron parte fundamental de esta lucha y que ya no están, entre ellas recordamos a Leilane Assunção, Patricia Pinto y Francis Taylor. Muchas de ellas fueron afectadas por la privación de libertad, atrapadas en un sistema penal injusto, y otras se convirtieron en víctimas de la necropolítica que cobró sus vidas. Recordamos a aquellas que sacrificaron su libertad y sus vidas en la búsqueda de justicia y equidad en el contexto de la política de drogas. Sus historias y su valentía nos inspiran a continuar luchando por un mundo más justo, donde nadie tenga que enfrentar la estigmatización, la represión o la muerte debido a su relación con las sustancias. En su memoria, nos comprometemos a seguir adelante y a trabajar incansablemente para cambiar el paradigma de la política de drogas en América Latina y el Caribe.

Isla de Cedros, Costa Rica, Centro América, Abya Yala, noviembre de 2023.



Manifesto da Terceira Assembleia da Rede Latino-Americana e do Caribe de Pessoas que Usamos Drogas [POR]

Nós, pessoas de 16 países da América Latina e do Caribe que usamos drogas, nos reunimos nesta Terceira Assembleia Geral com um profundo senso de urgência e compromisso. Nesta ocasião decidimos reunir-nos na América Central, região que, pela combinação de fatores geográficos, políticos, sociorraciais e econômicos, serve de território ao tráfico de drogas para países do norte global. É importante destacar que esta região enfrenta o avanço de governos ditatoriais, autoritários e repressivos, o que constitui um sinal evidente de que as ditaduras persistem e não desapareceram. O nosso objectivo nesta assembleia é levantar a nossa voz contra a opressão sistêmica que enfrentamos na região e em todo o mundo. Neste âmbito abordamos questões-chave que nos preocupam profundamente e para as quais convidamos redes internacionais, regionais e organizações locais a tomarem ações concretas para reverter estas situações.

3. Aumento da violência generalizada

Observamos com alarme o aumento da violência generalizada nas nossas comunidades e a falta de respostas adequadas por parte dos governos. A violência manifesta-se através da criminalização, da repressão policial, da exclusão racial e da privação compulsória e sistemática da liberdade em centros de detenção, comunidades terapêuticas e centros de reabilitação.

4. Continuidade da guerra contra as corporalidades dos usuários de drogas

Reafirmamos a necessidade de denunciar a guerra contínua contra as corporalidades das pessoas que usamos drogas. Esta guerra, que deixou efeitos irreparáveis nas nossas famílias e comunidades, não é apenas ineficaz, mas também contraproducente. Exigimos uma abordagem de saúde pública baseada em evidências científicas e com foco na redução de riscos e danos, em vez de uma abordagem punitiva e patologizante. Denunciamos a persistência de políticas arcaicas de criminalização de pessoas que usam drogas em toda a região, políticas que não se adaptaram aos necessários paradigmas de mudança. Propomos a revisão e reforma destas políticas obsoletas, centrando-nos numa abordagem descriminalizante e despatologizante e no respeito pelos direitos humanos. As medidas incluem a promoção de leis e regulamentos que descriminalizem o consumo de drogas, a implementação de programas de redução de danos e o reforço dos serviços de saúde e de apoio às pessoas que consomem drogas. Para enfrentar este desafio, propomos a criação de espaços de participação para promover políticas antiproibicionistas, compostos por especialistas comprometidos e usuários de drogas, para promover reformas e monitorar o progresso na região. A falta de respeito pelo livre desenvolvimento da personalidade é um sério obstáculo ao reconhecimento e ao respeito das nossas corporeidades, bem como ao pleno exercício da nossa autonomia. O livre desenvolvimento da personalidade implica o direito fundamental de tomar decisões autônomas e informadas sobre as nossas vidas, incluindo a escolha das substâncias que decidimos consumir, sem medo de discriminação ou criminalização. É essencial que este direito seja respeitado e garantido como parte integrante da dignidade e da liberdade de cada pessoa. Na nossa luta pela justiça e equidade defendemos firmemente o respeito pela autodeterminação e o livre desenvolvimento da personalidade como componentes essenciais da nossa existência e dignidade como pessoa. Além disso, reafirmamos a importância crucial da educação sobre o uso de drogas. Entendemos que o conhecimento e a compreensão da história da criminalização das pessoas que usamos drogas são essenciais para a mudança de paradigma em direção a ambientes mais seguros e à promoção dos direitos humanos. Ao serem informadas sobre os riscos e benefícios, as pessoas podem tomar decisões mais conscientes, reduzindo os danos associados ao uso de substâncias. Isto não só garante a segurança das pessoas, mas também promove uma abordagem mais humanitária, em vez de uma abordagem baseada na criminalização. A educação é um componente fundamental para capacitar as pessoas e mudar as percepções, os imaginários sociais e as narrativas sobre o consumo de drogas nas nossas sociedades.

5. Reconhecimento da nossa socialização e sistemas de opressão

Entendemos que fomos e somos pessoas socializadas dentro do patriarcado, do machismo, do racismo, do capitalismo e de outros sistemas de opressão e segregação. Estes sistemas perpetuam o poder e o privilégio de um pequeno grupo de pessoas à custa das nossas vidas e da nossa dignidade. Lutamos contra a discriminação e nos unimos para superar estes sistemas de opressão. Realizamos um processo eleitoral de governança sob princípios democráticos e sob a premissa de que precisamos empreender um caminho político longo e empenhado para desmantelar e superar as práticas enraizadas pelos sistemas de opressão acima mencionados. Esta assembleia lembrou-nos a importância de permanecermos unidos e focados na nossa luta, reconhecendo que a mudança exigirá esforço e colaboração contínuos de todos os membros da nossa comunidade. Juntos, continuaremos a trabalhar incansavelmente para transformar a nossa realidade e construir um futuro mais inclusivo e equitativo. Além disso, nesta assembleia, unimos como mulheres, dissidentes, jovens que rejeitam a proibição de substâncias como método de controle de corporalidades racializadas e feminizadas, incluindo as grávidas. Denunciamos a estigmatização e o abuso que frequentemente enfrentamos no contexto da política de drogas. Propomos ações concretas para tornar visíveis e resolver estes problemas, incluindo a criação de comissões específicas para atender às necessidades destas comunidades. Além disso, defendemos a educação e a sensibilização para eliminar a discriminação e a violência de gênero relacionadas com a política de drogas. Reafirmamos o nosso compromisso em apoiar a Comissão de Mulheres e Dissidências através do feminismo antiproibicionista e antirracista. Desde a nossa última assembleia, fizemos progressos importantes para tornar visíveis as complexas situações enfrentadas pelas comunidades da zona andina, em particular aquelas relacionadas com o cultivo e uso da folha de coca. Isto nos lembrou da necessidade de nos concentrarmos nos processos enraizados nas bases das nossas sociedades, como a misoginia, o racismo, a cisheteronormatividade e, acima de tudo, a falta de autonomia das nossas corporeidades. Este manifesto representa um firme compromisso por parte da nossa Rede em promover políticas que traduzam as palavras expressas neste documento em ações concretas. Trabalharemos incansavelmente para transformar a nossa realidade e construir um mundo mais inclusivo e equitativo para todas as pessoas que usam drogas na América Latina e no Caribe. Nesta Terceira Assembleia da Rede Latino-Americana e do Caribe de Pessoas que Usamos Drogas reafirmamos nosso compromisso com a justiça, com a equidade e com o respeito pelos direitos humanos de todas as pessoas que usam drogas. Exigimos que os governos da região tomem medidas concretas para acabar com a criminalização, a estigmatização e a violência que enfrentamos. A nossa luta é por um mundo em que possamos viver sem medo, com acesso a serviços e apoio de saúde e com direitos iguais. Unidos, faremos com que as nossas vozes sejam ouvidas e tornaremos a mudança uma realidade. Esta Rede está empenhada em promover políticas baseadas no respeito pelos direitos humanos, na saúde e na equidade. Reconhecemos os desafios que enfrentamos na região e estamos determinados a trabalhar juntos para alcançar mudanças significativas na política de drogas na América Latina e no Caribe. As nossas comissões de trabalho desempenharão um papel fundamental na implementação das nossas propostas e na defesa dos direitos das pessoas que usam drogas na região. É crucial destacar que, ao longo da história, os povos racializados e indígenas sofreram uma exclusão sistemática e violenta, sendo despojados dos seus territórios muitas vezes à ponta de espadas e armas, enquanto os seus conhecimentos ancestrais foram brutalmente dizimados. Além disso, a criminalização das suas práticas tradicionais e do consumo de substâncias serviu como uma desculpa adicional para intervir nos seus territórios e perpetuar a colonização. Esta situação leva-nos a redobrar os nossos esforços na luta contra a discriminação e a opressão e a reconhecer a importância da inclusão e do respeito pelas culturas indígenas e racializadas na construção de um futuro mais justo e equitativo. Relativamente ao avanço do fentanil na região, denunciamos a falta de informação confiável e de serviços de testes seguros que levou a um número crescente de mortes por overdose. Propomos ações imediatas por parte dos estados para resolver este problema, incluindo a promoção de serviços de análise de substâncias e a criação de campanhas de sensibilização sobre os riscos associados ao fentanil. Além disso, defendemos o trabalho conjunto com organizações da sociedade civil, consumidores de drogas e especialistas em saúde como forma de responder a esta situação. Não podemos concluir este manifesto sem lembrar e honrar as pessoas que foram parte fundamental desta luta e que já não estão aqui, entre elas homenageamos Leilane Assunção, Patrícia Pinto e Francis Taylor. Muitas delas foram afetadas pela privação de liberdade, presas num sistema penal injusto, e outras tornaram-se vítimas da necropolítica que ceifou as suas vidas. Recordamos aquelas que sacrificaram a sua liberdade e as suas vidas na busca da justiça e da equidade no contexto da política de drogas. As suas histórias e coragem inspiram-nos a continuar a lutar por um mundo mais justo, onde ninguém tenha de enfrentar a estigmatização, a repressão ou a morte devido à sua relação com substâncias. Em sua memória, comprometemo-nos a avançar e a trabalhar incansavelmente para mudar o paradigma da política de drogas na América Latina e no Caribe.

Ilha de Cedros, Costa Rica, América Central, Abya Yala, novembro de 2023