Por: Gabriel Buitrón Almeida (Ecuador).
Para el padre de la microsociología, Erving Goffman (1980), el estigma reduce las posibilidades de desarrollo personal de las y los miembros de un grupo, al categorizarlos (las) bajo atributos negativos[1]. Esas características muchas veces son inexistentes, las cuales vienen solo de la visión reduccionista, limitada y esquizofrénicamente moral de quienes se oponen a la investigación, la evidencia y el ejercicio de los derechos universales que ontológicamente pertenecerían a todas y todos.
Así, la sociedad ecuatoriana hoy se encuentra frente a debates como el matrimonio igualitario para las personas de las diversidades sexo-genéricas, la despenalización del aborto terapéutico en casos de violación y la regulación del ciclo productivo de la planta del cannabis para usos medicinales y de investigación científica. En estos debates se presentan grandes componentes de estigma desde los sectores antes mencionados y muchas veces se utiliza a la población más vulnerable y de interés superior como la niñez, para sus fines esquizoides.
Así, en estos ejemplos de debates se ha llegado a pensar y proponer que las personas de las comunidades GLBTTTIQ+ quieren violar a menores, que las personas que luchan por el derecho a un aborto legal y seguro quieren matar bebés, y por último que las personas que luchan por los derechos de las y los usuarios de sustancias psicoactivas quieren drogar a la niñez y adolescencia del país. Todas falacias. Para precisar, no son las comunidades de las diversidades las que violan niños, sino sus curas y obispos de su santa iglesia católica[2]. No son las mujeres pro-derechos las que matan bebés, sino sus respetados pastores los que matan mujeres[3], no son los usuarios de sustancias los que drogan a la niñez y adolescencia, sino sus psiquiatras[4], sus policías[5] y sus narco-políticos[6].
De esta última aclaración, sobre las personas y sus drogas, Ecuador lleva 100 años de prohibición y represión[7], paradigmas que no nos han dejado buenos resultados en la prevención, ni en la guerra contra las drogas[8] que terminó siendo la guerra contra las personas. El Estado ecuatoriano, parecería haber avanzado: la no criminalización en la Constitución, las competencias y enfoques de Salud, las tablas de dosis máxima de consumo, las escalas de tráfico y algunos otros “avances”, se ven contrastados con las formas de ejercer la política pública. Evidencian la ignorancia e incompetencia de los ejecutores de justicia: policías, jueces, fiscales, defensores públicos, quienes parecen haber quedado anclados a sus labores mínimas de la edad media o carecer de lecturas sobre Derechos Humanos.
Los resultados son que según cifras de la Secretaría de Justicia de 2007 a 2009 pasamos de 18000 a 10000 personas privadas de libertad, pero de 2009 a 2019 subimos a más de 33000 personas encerradas. A inicios de este año, 19 jóvenes murieron calcinados vivos, mientras permanecían encerrados en un centro de rehabilitación en la ciudad de Guayaquil, sin nadie que sea responsable hasta el momento. También activistas y luchadores sociales sufren las consecuencias en esta lid, ejemplo de esto la brutal y desmedida represión que sufrió la Marcha Mundial de la Marihuana de este año en Guayaquil.
También está el caso de José Quintana, activista colombiano y paciente oncológico usuario de cannabis medicinal, se encuentra preso y sentenciado a 20 meses de cárcel por llevar consigo su medicina. Además fuimos testigos de la ilegal e injustificada intervención al Centro Cultural Casa Pukará y a las oficinas de la Organización Ecuador Cannábico por hacer medicina a base de la planta, así como a un arresto ilegítimo y 20 días de prisión injustificada a Carlos Escalante Pai, principal organizador de la Marcha de quito en este año, activista, estudiante y sostén de familia. Como ellos miles de personas son brutalmente estigmatizadas, criminalizadas y penalizadas a diario por una justicia retrógrada, pero también por una idiosincrasia y cultura de la ignorancia que ha permeado desde los sectores conservadores, hacia el tejido social.
[1] Goffman, Erving (1980). Estigma: La identidad deteriorada. Editorial Amorrortu, Buenos Aires.
[2] Tamatit, Josep (2018). Abusos sexuales en la Iglesia Católica: ¿cómo responder a las demandas de justicia? En Revista Nuevo Foro Penal Vol. 14, No. 91, julio-diciembre 2018, pp. 11-42, Universidad EAFIT, Medellín.
[3] El Comercio (2018). Pastor reveló el sitio donde enterró el cuerpo de Juliana Campoverde: https://www.elcomercio.com/actualidad/pastor-revelo-entierro-juliana-campoverde.html
[4] Cea, Juan (2016). Por una niñez libre de drogas psiquiátricas. El Desconcierto, Chile.
[5] Ecuavisa (2019). Investigan a policía vinculado a banda narco en Guayaquil: https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/nacional/452786-investigan-policia-vinculado-banda-narco-guayaquil
El Comercio (2018). La Policía detuvo a 2 militares de la FAE por transportar una tonelada de droga: https://www.elcomercio.com/actualidad/militares-fae-detenidos-transporte-droga.html
Expreso (2018). La droga contamina las fuerzas de seguridad: https://www.expreso.ec/actualidad/drogas-narcotrafico-policianacional-fuerzasarmadas-contrabando-NX2374780
El Universo (2019). Dos policías entre detenidos en terrenos de El Aromo, donde se pretendía construir la Refinería del Pacífico: https://www.eluniverso.com/noticias/2019/04/01/nota/7263680/detenidos-zona-cercana-terrenos-refineria-aromo
[6] Andrade, Carlos (2018). Tipificar la Narco Política. Revista Crisis, Quito: https://www.revistacrisis.com/coyuntura/tipificar-la-narco-politica
[7] Paladines, Jorge (2016). En busca de la prevención perdida: reforma y contrareforma de la política de drogas en Ecuador. Quito: FES-Ildis Ecuador.
[8] Borda, Sandra (2002). “UNA APROXIMACIÓN CONSTRUCTIVISTA A LA GUERRA ESTADOUNIDENSE EN CONTRA DE LAS DROGAS” Colombia, Revista Uniandes.
