Recomendaciones de PUD para la respuesta al COVID-19 en América Latina
Por: Ernesto Cortés (Costa Rica)
Desde la Red Latinoamericana y del Caribe de Personas que Usan Drogas (LANPUD), partimos del hecho que el uso de drogas es transversal de todas nuestras comunidades, y es gracias al estigma y la criminalización que hemos sido invisibilizadas históricamente como ciudadanos y ciudadanas sujetos de derechos. Esta es una crisis que nos debe llevar a repensar el grado de vulnerabilidad social en que se encuentra la gran mayoría de la población en nuestra región, especialmente aquellas personas que viven en mayores condiciones de vulnerabilidad.
Es una ocasión para repensar las políticas y prácticas relacionadas al consumo de drogas, entendiendo su interseccionalidad con otras poblaciones clave. El fin es eliminar las barreras legales, institucionales y sociales para el acceso a servicios básicos de atención en salud, así como de una participación activa de los procesos de elaboración y ejecución de las políticas públicas relacionadas con el uso de sustancias psicoactivas.
En este sentido y en el marco de la pandemia del COVID-19, desde LANPUD hemos elaborado algunas recomendaciones generales para ser atendidas por nuestros gobiernos y organizaciones de la sociedad civil, y así para prevenir y reducir los riesgos de contagio entre las Personas Que Usan Drogas.
1. Acabar con la criminalización y detención arbitraria de Personas Que Usan Drogas por parte de policías, militares y otras agencias de seguridad y justicia, para enfocarse en la protección de su salud y reducir el riesgo de contagio de COVID-19
¿Porque?
Las recomendaciones de cuarentena y aislamiento, así como los toques de queda impuestos por el gobierno han fomentado la presencia y represión policial y militar en nuestras calles. Pero también han afectado el mercado ilícito de drogas disminuyendo la disponibilidad, aumentando los precios y empobreciendo la calidad de las sustancias.
Esto ha aumentado las condiciones de inseguridad que viven las personas que usan drogas a la hora de adquirir la(s) sustancia(s) que consumen, y están más expuestas a ser detenidas, arrestadas y hasta encarceladas por el aumento de los controles policiales en la vía pública. Se parte del hecho que la mayoría de los países en la región tienen leyes que criminalizan el consumo o la tenencia / posesión para consumo personal, así como otras actividades privadas relacionadas.
¿Cómo realizarla?
• Generar protocolos, lineamientos o directrices que flexibilicen el actuar policial y militar en relación a detenciones asociadas a la portación / tenencia o consumo de drogas
• Brindar información básica sobre cómo abordar a las personas que usan drogas desde el enfoque de reducción de daños a policías, militares y otros agentes de seguridad.
• Crear directrices o protocolos para priorizar la salud sobre el combate a los mercados ilícitos de drogas, donde se enfoque en el apoyo a servicios de atención al consumo de drogas por encima de los arrestos o detenciones en celdas, calabozos o la cárcel que aumentan el riesgo de contagio. Los servicios de deben adecuar a las características de las poblaciones y su situación personal y familiar, desde un enfoque de género, generacional, intercultural y de reducción de daños.
• Difundir información a personas que usan drogas sobre cómo evitar ser criminalizado por la policía, el ejército u otros agentes de seguridad en momentos de pandemia COVID-19
• Responder de forma pronta y eficaz a nivel médico y psicosocial a los posibles efectos asociados a la deshabituación del consumo de sustancias, especialmente con las personas en situación de calle, que deciden aislarse en un espacio cerrado, o personas privadas de libertad.
2. Atender las necesidades y condiciones de las poblaciones en mayor vulnerabilidad social y económica, especialmente las personas con problemas de consumo (dependencia), en situación de calle o sin una vivienda fija, así como las personas privadas de libertad.
¿Porque?
La ausencia de una vivienda donde permanecer en aislamiento, el cierre de programas y servicios de reducción de daños o de albergues para personas en situación de calle, aumenta la posibilidad de contagio del COVID-19, especialmente en poblaciones que en su mayoría también presentan otras condiciones de salud.
Aquellas personas que pueden presentar un consumo problemático y que debido al desabastecimiento deben enfrentan síndromes de abstinencia, que pueden agravar su sufrimiento físico y mental, y aumentar su vulnerabilidad al no acatar las normas de confinamiento, a exponerse a contextos y situaciones más peligrosas para acceder a la sustancia o buscar sustitutos con fármacos regulados.
El cierre de centros de reducción de daños privaría a las personas usuarias al acceso a intervenciones vitales y, en última instancia llevaría al hacinamiento en los servicios que permanezcan abiertos, incrementando el riesgo de infección. Esto también se aplica para el caso de personas privadas de libertad que se encuentran en centros penitenciarios sobrepoblados o hacinados y en condiciones insalubres.
¿Cómo realizarla?
• Declarar los programas de reducción de daños como servicios básicos que salvan vidas y que deben permanecer abiertos. Reconocer a quienes trabajan en estos servicios como personal de salud clave, para acceder a equipos de protección individual de parte del gobierno y proveer fondos adecuados.
• Desarrollar e implementar protocolos de seguridad e higiene en los servicios de atención a personas en situación de calle y centros penitenciarios, así como coordinar esfuerzos con el sistema de salud para permitir un efectivo acceso a servicios básicos de atención a estas poblaciones.
• Proteger y expandir el acceso a servicios básicos de higiene y alimentación, así como brindar vivienda y albergue para quienes se encuentran en situación de calle.
• Reducir la población penitenciaria mediante cambios de medidas de control judicial, liberaciones anticipadas, indultos, amnistías y alternativas no coercitivas al encarcelamiento. Especialmente para personas detenidas por posesión / tenencia o delitos de drogas no violentos y de “bajo nivel”, “micro tráfico” o “narcomenudeo”. Particularmente para aquellas personas en prisión preventiva y personas en situación de mayor riesgo, incluyendo a quienes viven con VIH, TBC y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), así como personas adultas mayores.
• Liberar inmediatamente a las personas que usan drogas de los centros de detención forzada y de centros privados para tratamiento de la dependencia a drogas que aplican medidas coercitivas, incluyendo el tratamiento obligatorio o compulsorio.
• Enlaces relacionados al COVID y personas en situación de calle:
• Enlaces relacionados al COVID y personas privadas de libertad:
