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Nosotros, la Red Latinoamericana de Usuarios de Drogas (LANPUD), venimos a, a través de esta, expresar nuestra indignación con la actual política internacional de drogas. Somos ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos, usuarios de drogas que son ilegales en la mayoría de nuestros países, integrantes de diversos movimientos sociales, unidos en la defensa de los derechos humanos. Nos encontramos acá reunidos hoy, representantes de Argentina, Colombia, Costa Rica, Brasil, México, Perú y Uruguay. Somos parte de un movimiento a favor de la reforma de las políticas de drogas y la defensa de usar sustancias psicoactivas mientras esto no ocasione perjuicios a terceros.
La política de drogas vigente es responsable –entre otras calamidades– de la criminalización, de la pobreza y el favorecimiento del narcotráfico, que resultan violando ostensible y diariamente los derechos humanos de millones de individuos, simplemente por su condición de usuarios de drogas declaradas ilícitas. Tenemos la convicción de que el mercado ilícito sanciona la violencia, además de generar graves problemas de salud por cuenta del estigma y la discriminación de las que son víctimas las personas que usan drogas —y asimismo por la pésima calidad de las drogas que se venden en el mercado ilegal—, lo que coloca a estas personas en situación de gran vulnerabilidad social.
Estos individuos, nosotros, los estigmatizados, los satanizados por una cultura moralista y alimentadora de fundamentalismos, reivindicamos ahora los mismos derechos ya garantizados a minorías organizadas a partir de movimientos sociales. Reivindicamos, no exigimos, como ciudadanos contribuyentes, consumidores y, sobre todo, como seres humanos, el cumplimiento de la promesa del Estado democrático del derecho, a saber: por un lado, de respetar las libertades individuales y garantizar la inviolabilidad de cuerpo y mente, y, por otro, de garantizar a los usuarios el mismo derecho (incluso el acceso a los servicios públicos) sin preconcebidos, sin coacción, presión ni coerción de ningún tipo. Porque nadie debería dejar de ser ciudadano por el hecho de ser usuario de drogas.
No estamos pidiendo que nos acepten, estamos exigiendo respeto. Queremos una política de drogas que respete los derechos de los ciudadanos cobijados por los Estados democráticos, que proceda a la reparación de las históricas tensiones sociales.
La inmensa mayoría de nosotros, personas que usan drogas, somos individuos que no causamos daños a los objetivos de la sociedad. Y, para la inmensa minoría de usuarios problemáticos (cerca del 10%), queremos tratamientos humanizados, tales como acceso a las políticas en curso de Reducción de Daños, sin penalización ni encierro forzoso. Sobre todo, exigimos el poder de deliberación en las diferentes instancias políticas, veeduría y participación en las políticas públicas y en todo aquello que nos concierna.
26 de octubre de 2012
Salvador, Bahía
Brasil